Las brisas de la Costa Azul
Antonio Magaña
Después de la crisis maquinada por Enron para crear una escasez artificial de electricidad en California, y así profundizar la crisis energética que en 2000 y 2002 costó decenas de millones a los consumidores californianos.
En el momento en que Vicente Fox iniciaba el gobierno del cambio, e insistía en la reforma estructural del sector energético, y en permitir una mayor inversión privada en la industria del petróleo y del gas.
Cuando se abrieron las puertas a las empresas extranjeras generadoras de gas y electricidad, un grupo de promotores mexicalenses aprovechó la oportunidad para buscar los terrenos que Sempra necesitaba para instalar una regasificadora.
Durante la búsqueda se evaluaron varios sitios para ubicar la terminal de gas licuado. Los rastreadores de tierras analizaron enormes parcelas con las siguientes características:
Plataforma submarina con profundidad suficiente para recibir grandes buques cerca de la costa; impacto visual mínimo, alejado de zonas urbanas; terreno vasto para el desarrollo de infraestructura y para reducir el impacto ambiental.
El lugar seleccionado para recibir, almacenar y regasificar el gas natural licuado, fue Costa Azul, a 25 kilómetros al norte del puerto de Ensenada.
A partir del 2001, los cazadores de terrenos ubicaron cientos de hectáreas, aledañas a Costa Azul, las cuales fueron adquiridas por la trasnacional.
El Gobierno no escuchó las protestas de los ecologistas y, sin mayor trámite, le dio todas las facilidades a la empresa para que construyera la planta de almacenamiento, con una capacidad de suministro de hasta mil millones de pies cúbicos de gas al día.
Cuando se dio a conocer la inversión de más de 542 millones de dólares, la natural avaricia de los hombres floreció, y aunque en la mayor parte de la compraventa de terrenos no hubo problema, no faltó el prietito en el arroz.
Uno de los predios, de 200 hectáreas, que la subsidiaria de Sempra, Energía Costa Azul S.de R.L, compró en enero del 2006 a Elodia Gómez Castaño, para el amortiguamiento que requieren las regasificadoras, se convirtió en un problema.
La empresa adquirió las tierras sin saber que doña Elodia había muerto el 10 de octubre de 2004, ya que sus representantes, Minora Villafán y otro de los vendedores, Luis Armando Romero Peña, presentaron un poder de 1987.
Para enturbiar más el asunto al predio, conocido como Las Brisas, le salió un posesionario de nombre Ramón Eugenio Sánchez Ritchie, quien se ha convertido en un dolor de cabeza para Sempra y un par de ex funcionarios de la pasada administración estatal.
Sempra lo acusó de despojo, en el 2006, y desde entonces empezó un pleito legal y mediático entre el posesionario y los representantes de la empresa.
El pasado diez de marzo, el juez Décimo de Distrito concedió un amparo a Sánchez Ritchie, en contra de la orden de aprehensión que dictó el juez Primero de lo Penal, radicado en Tijuana, para detenerlo.
En la sentencia se reconoce que Sánchez Ritchie es posesionario de Las Brisas, desde 1983. Que en el 2001 manutuvo conversaciones con el jefe de los buscadores de tierra y el apoderado legal de Sempra, Ryan Derrik O’Neal, a quienes les informó que tenía posesión plena del inmueble.
Sánchez Ritchie acusa a funcionarios del sexenio anterior de coludirse con Sempra. Eugenio Elorduy lo tachó de defraudador… La verdad legal se sabrá pronto.
El tema seguirá dando mucho de qué hablar, sobre todo en estos tiempos en que Sempra, además de comprar parcelas a los fieles difuntos, se quiere robar hasta el viento de Baja California.
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